Este seminario tiene el propósito de fortalecer las políticas públicas e identificar las estrategias más adecuadas para la recuperación y conservación de los bienes de uso público en Colombia.
El evento académico, que inició el martes 17 y que se desarrollará hasta el jueves 19 de noviembre de 2015, es organizado por la Procuraduría, la Rama Judicial a través de su Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y la Dirección General Marítima, Dimar, con el apoyo del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP).
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, fue el encargado de dar apertura al “II Seminario Internacional sobre Protección, Defensa y Recuperación de Bienes de Uso Público”, junto con el Coordinador General de la Dirección General Marítima, Dimar, Capitán de Navío Esteban Uribe Alzate, en el auditorio Antonio Nariño de la sede principal de la Procuraduría.
El jefe del Ministerio Público, en su intervención, aseguró que contará “con la participación de conferencistas internacionales que enriquecerán el debate con las experiencias exitosas y dificultades en estas materias registradas en países tan importantes como México, Perú y Costa Rica”, como ejemplo de aplicación a Colombia.
Este evento, “se da como respuesta a la grave problemática que afecta a Colombia por el alto número de ocupaciones ilegales de sus bienes de uso público, más de 29 mil 145 casos, según el reporte de la Dirección General Marítima, Dimar, en el 2014, afectando derechos colectivos tales como al espacio público y a un ambiente sano”, resaltó el doctor Ordóñez Maldonado.
Profundizando un poco en la grave problemática que tiene nuestro país en este tema, el procurador general señaló que “lamentablemente, año tras año se incrementan hasta en un 5% las ocupaciones y apropiaciones ilegales por parte de personas naturales y en no pocos casos, de empresas privadas, de los bienes de uso público como lo son nuestras playas, litorales y zonas de bajamar, de los parques naturales, de las tierras comunales de grupos étnicos y de los resguardos, mientras que las recuperaciones efectivas no llegan al 1%”.
Por su parte, la doctora Gladys Virginia Guevara Puente, Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, en diálogo sostenido con los medios de comunicación, indicó que la mayor cantidad de ocupaciones ilegales en las playas son “los relacionados con asentamientos palafíticos en ciudades como Tumaco (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca) y en la Ciénaga de Santa Marta (Magdalena), con una alta concentración, aproximadamente 25 mil familias que están viviendo en ese tipo de construcciones y en condiciones de pobreza, salud y ambiente muy delicadas”. De igual forma hay “grandes construcciones que se están haciendo en terrenos de playas”.
Al consultársele sobre el caso del Hotel Hilton de Cartagena, la procuradora delegada aseguró que “ya hay una sentencia del Consejo de Estado y la Procuraduría está trabajando en la Comisión de Seguimiento de Cumplimiento a esa decisión”. En el fallo se ordenó al complejo hotelero la construcción de un parque en la ciudad de Cartagena y su mantenimiento durante 30 años, hecho que hasta el momento no se ha cumplido.