Fortalecer la coordinación interinstitucional, meta trazada tras el " I Seminario Recuperación y protección de bienes de uso público, baldíos y patrimonio cultural"

Cartagena (Bolívar), 30 de octubre de 2013. En la tarde de este miércoles concluyó en la ciudad de Cartagena (Bolívar) el I Seminario "Recuperación y protección de bienes de uso público, baldíos y patrimonio", evento organizado por la Procuraduría General de la Nación que desde el pasado lunes abordó, analizó y propuso acciones concretas frente a problemáticas como las ocupaciones ilegales y el deterioro o pérdida de patrimonio arqueológico, histórico y cultural.

Con la socialización de las conclusiones arrojadas por cada una de las mesas de trabajo y un llamado a fortalecer la coordinación interinstitucional en la materia, fueron propuestas estrategias como la puesta en marcha de modelos funcionales con base en las necesidades de la ciudadanía, la vinculación de todas las entidades estatales y particulares relacionadas con la temática, el desarrollo del concepto de participación social y la inclusión de la Rama Judicial en busca de acciones concretas y definitivas.   

La implementación de un modelo de comunicaciones conjunto, el apoyo a iniciativas legislativas frente al tema y las acciones de vigilancia a planes de ordenamiento territorial también fueron analizados en la jornada de clausura.

Gladys Virginia Guevara Gómez, procuradora delegada para Asuntos Civiles y directora general del seminario, resaltó en el acto de clausura que este evento surgió como una necesidad ante las reiteradas y graves problemáticas.   “Estos asuntos requieren de una atención urgente por parte todo el país. Ese es el compromiso de la Procuraduría General de la Nación. La invitación y el mensaje fundamental es que podamos seguir trabajando, seguir coordinándonos y realizar esta acción”, aseguró.

“Podemos sentirnos satisfechos, logramos cumplir con los objetivos propuestos. Sabemos que no estamos todos aquí. Este fue un primer esfuerzo y esperamos que más adelante contemos con todas las instituciones. Tenemos que estar todos en este esfuerzo”, agregó, resaltando la necesidad de que los objetivos y logros del seminario sean replicados a través del Ministerio de Educación y universidades.

La procuradora delegada anunció que la tarea emprendida continuará adelantándose con la convocatoria de mesas de trabajo interinstitucional a nivel nacional. “Tenemos que cruzar el conocimiento jurídico con el conocimiento técnico y el conocimiento de gestión”, explicó.

“No es suficiente legislar sin conocer lo que ocurre. Debemos lograr normas equilibradas entre lo ambiental, lo jurídico y lo social”, señaló por su parte el contralmirante Ernesto Durán González, Director General Marítimo (Dimar), quien agradeció a la Procuraduría por promover este escenario académico y pidió reiniciar esfuerzos para que desde ya la organización de la segunda edición de este seminario internacional sea una realidad para el bien de la Nación.

Cerca de 250 asistentes y más de 5.800 mil ciudadanos que siguieron la transmisión vía web en vivo del evento de los tres días de trabajo, conocieron análisis y propuestas de expertos nacionales e internacionales y autoridades civiles y militares.

En la instalación del seminario internacional, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, reiteró el compromiso del Ministerio Público en esta materia y resaltó la necesidad de sumar y articular esfuerzos para optimizar y diseñar políticas públicas que apoyen las tareas de recuperación y protección.

El seminario internacional fue organizado por la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, la Dirección General Marítima (Dimar), la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC); y cuenta con el apoyo del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).